MEXICALI.- En el marco del Día del Niño y la Niña en México, la Dra. Amanda Real Beltrán, profesora de la Escuela de Derecho, y la Mtra. Nathalie Canizales Reyes, coordinadora de la Maestría en Derecho de CETYS Universidad Campus Mexicali, invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger los derechos de la infancia, especialmente en un contexto marcado por la digitalización y el uso creciente de redes sociales.

A nivel internacional, explicaron, el 20 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Infancia, fecha que recuerda la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Estos instrumentos forman parte del marco jurídico mexicano y establecen la obligación de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce derechos fundamentales como la dignidad, la integridad personal, el honor y una vida libre de violencia. Sin embargo, advierten que el bullying, en cualquiera de sus manifestaciones, representa una vulneración directa a estos derechos, particularmente cuando se traslada al entorno digital.

“En Baja California, así como el resto del país, el bullying no es un fenómeno aislado ni una ‘etapa normal’ del crecimiento, es una forma de violencia que vulnera los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, cuya atención no puede depender de la voluntad de las escuelas. Si bien es cierto que, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener acceso a la tecnologías de información y comunicación, las redes sociales se han convertido en un escenario para el acoso escolar”, destacaron las expertas CETYS.

Datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (2024) señalan que más de la mitad de niñas, niños y adolescentes acceden a internet sin supervisión. A su vez, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe How’s Life for Children in the Digital Age?, indica que 9 de cada 10 menores utilizan internet y que el 70% cuenta con un smartphone, lo que incrementa su exposición a riesgos digitales.

Ante este panorama, las especialistas destacaron que, desde el punto de vista jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que este derecho no está limitado únicamente al retrato de la persona sino que incluye elementos tales como la voz, cuerpo, rostro u otros aspectos vinculados al derecho a la identidad, como el nombre y demás características que son propias de alguien como persona.

En entornos digitales, esta protección cobra mayor relevancia, ya que se permite crear y difundir contenidos como imágenes o vídeos manipulados, deep-fakes, memes o stickers que no sólo implican el uso no autorizado de la imagen de una persona, sino que pueden exponer o ridiculizar.

“La difusión de fotografías o vídeos en estos espacios sin consentimiento, especialmente cuando tienen la intención de ridiculizar o exhibir a un niño o niña, constituye una vulneración al derecho a la propia imagen, a la intimidad y al honor”, señalaron las docentes.

Bajo el principio del interés superior de la niñez, cualquier situación que implique violencia digital debe atenderse priorizando la protección y el desarrollo integral de las personas menores de edad. La inmediatez y permanencia de los contenidos en internet hacen indispensable actuar con responsabilidad y prevenir este tipo de conductas.

Asimismo, subrayaron que la protección de datos personales y de la imagen no es opcional. Las instituciones educativas deben intervenir ante situaciones que afecten el entorno escolar, incluso si ocurren fuera del horario de clases. La omisión en la atención de estos casos puede vulnerar el derecho a una educación en condiciones de seguridad y dignidad.

Por ello, es fundamental que las escuelas cuenten con protocolos claros, capacitación constante para el personal docente y canales confidenciales de denuncia. No obstante, la responsabilidad también recae en madres, padres y tutores, quienes desempeñan un papel clave en la supervisión y acompañamiento del uso de tecnologías.

Finalmente, las especialistas coincidieron en que la construcción de una cultura de paz y respeto es una tarea compartida y que garantizar una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes requiere del compromiso conjunto de instituciones, familias y sociedad.